El Gobierno, a pesar de las graves objeciones del Consejo General de Poder Judicial, ha aprobado para su tramitación parlamentaria el Proyecto de ley sobre la “memoria democrática”. Pretende penalizar la opinión y el juicio, vulnerando la libertad de expresión, e imponer a todos los ciudadanos su criterio particular sobre el Frente popular, la guerra civil y el franquismo. Es una ley propia de los sistemas totalitarios, no contraria a ellos.
Se declara ilegal la apología del franquismo pero no la apología del estalinismo, el comunismo, el fascismo o el islamismo radical. El Parlamento europeo, en su resolución de 19 de septiembre de 2010, condenó por igual los crímenes nazis y comunistas. En España un Gobierno, que debería velar por el pluralismo que tutela nuestra Constitución, pretende imponer una visión parcial y fija de la historia. Tal pretensión es incompatible con la libertad de investigación, la de opinión y la de cátedra.
El proyecto limita las libertades y establece una forma de censura. Posee un marcado sesgo ideológico arbitrario. Condena el franquismo y bendice el Frente popular. Quizá la condena del asesinato de Calvo-Sotelo o la censura de las quemas de iglesias y conventos terminen por constituir delito de apología del franquismo. Rompe la concordia entre los españoles y establece un inaceptable maniqueísmo que los divide en buenos y malos. Ataca el espíritu de la Transición y la letra y el espíritu de la Constitución. Condena al franquismo y absuelve al comunismo.
La determinación de la verdad histórica, moral, religiosa o científica no es competencia de los Gobiernos. El proyecto de ley vulnera la libertad de expresión y elimina la libertad de cátedra. Ni un solo ciudadano amante de la libertad ni un solo profesor pueden permanecer indiferentes ante este atentado totalitario contra la libertad.
Exigimos la inmediata retirada de este proyecto infame y, en su defecto, alentamos la presentación de recursos de inconstitucionalidad y apelamos a la desobediencia civil.