Artículo original de: El Debate
Por Editorial de El Debate
La inminente aceptación en el Congreso de una Proposición de Ley de Amnistía, a la que aún le queda un largo trecho para ser firme y operativa, coloca definitivamente a Pedro Sánchez, a su Gobierno y a sus aliados fuera de la Constitución y en contra del Estado de derecho, como bien señala la mayoría de la judicatura y buena parte del Poder Judicial.
Su obscena codicia por conservar el poder le ha llevado a olvidar que éste se ejerce en nombre de unas normas y subordinadas a ellas, no por encima de las mismas para adaptarlas a necesidades personales contrarias al interés general e incompatibles con las funciones de un presidente.
Porque nadie puede ya engañarse: Sánchez está literalmente acabando con la separación de poderes, sustento esencial de la propia democracia, para simular que todos sus excesos son legales, en un fraude de ley escandaloso perpetrado al dictado de delincuentes que de paso legalizan sus delitos.
El líder socialista perdió las elecciones y está buscando una mayoría aritmética artificial que no atiende a un proyecto en común, sino al peligroso intercambio de favores incompatibles con la Constitución: Sánchez obtiene la Presidencia y, a cambio, se convierte en la mejor herramienta del separatismo para alcanzar sus objetivos, todos ellos funestos, ilegales y lesivos para las libertades públicas.
Y si la amnistía es un escándalo, lo que puede venir a continuación para obtener el visto bueno de Puigdemont roza directamente la categoría de traición, cuando menos en términos simbólicos: nada menos que internacionalizar el inexiste «conflicto» entre España y Cataluña, con la aceptación de la figura de un mediador extranjero; y la posible asunción de algún tipo de referéndum o consulta de autodeterminación.
Con ello o sin ello, nada es tolerable: Sánchez no tiene ningún derecho a conservar el poder a ese precio, pasándole la factura al país al que debe lealtad constitucional, sin otra compensación que la que él mismo obtiene.
La deriva antisistema de Sánchez, que corona cinco años de agresiones reiteradas al sistema democrático español, apela directamente a todo el mundo. Y en especial a quienes ostentan algún tipo de representación en las instituciones españolas y ejerzan algún papel institucional.
Por ejemplo a los diputados socialistas, que no pueden apelar a la disciplina de voto para conculcar el mandato constitucional, de mayor jerarquía, que sostiene sus puestos: es inaceptable que les cueste menos ayudar a devaluar la Constitución que desobedecer las órdenes de su líder, incompatibles con la misión encomendada por los ciudadanos de respetar y hacer respetar la Carta Magna.
El coste que tiene el empeño de Sánchez en obtener el poder a cualquier precio no puede dejar indiferente a nadie, y menos a quienes pueden evitarlo con un simple gesto en el Congreso, llegado el día: oponerse a la investidura de un temerario no es un acto de transfuguismo, pero respaldarlo si lo es de traición.