Artículo original de: El Debate
Por Santiago Jáuregui 

l declive demográfico de Occidente tiene su origen básicamente en las dos corrientes ideológicas que han marcado el devenir de nuestras sociedades desde la década de 1960, el marxismo y el liberalismo, las cuales se unen bajo una bandera común, la del aborto convertido en derecho fundamental, los llamados derechos LGTBI, los también denominados derechos reproductivos, la ideología de género y el feminismo radical. Estas corrientes han penetrado e invadido la sociedad occidental actual, caracterizándose por haber moldeado la conciencia moral de buena parte de sus habitantes, quienes, desasidos de la necesaria formación humana, moral y cristiana y por tanto de criterios sólidos de actuación en un mundo cada vez más complejo debido a la hegemonía de grandes grupos mediáticos, tecnológicos y financieros, se han entregado de lleno a postulados diametralmente opuestos a la dignidad de la persona y a la defensa de la vida, del matrimonio como unión indisoluble entre hombre y mujer y del fomento de la familia abierta a la vida y a la educación de los hijos en sintonía con la ley natural.

La denominada Agenda 2030 promovida por organismos supranacionales, en particular las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pese a sus objetivos aparentemente inocuos e incluso beneficiosos para la sociedad, como la reducción de la pobreza o la ayuda a los países en vías de desarrollo, entre otros, está luchando con todos los medios a su alcance para tratar de erradicar la célula más pequeña de la sociedad, el matrimonio, y por tanto, la familia basada en el derecho natural. Los mecanismos de la Agenda Globalista para desarticular el matrimonio son variados, siendo la implementación de las políticas de género uno de los más efectivos en ese objetivo, junto a la acción decidida de la legislación para quebrantar sus características más definitorias: la heterosexualidad, la indisolubilidad y la apertura a la vida.

Ante este panorama, un breve resumen de las ayudas públicas para el fomento de la natalidad en Europa: a modo de muestra, Hungría, Grecia, Francia y España. Hungría, además de considerar las clínicas de fertilidad «de importancia estratégica nacional», los matrimonios jóvenes pueden solicitar al banco un préstamo de 30.000 euros, dejar de pagar intereses por él si tienen un hijo en un plazo de cinco años y obtener la condonación del mismo a partir del tercer hijo. Las mujeres que tienen cuatro hijos, por su parte, están exentas permanentemente de pagar el impuesto sobre la renta. En Grecia se concede una bonificación de 2.000 euros a toda madre que dé a luz y resida legal y permanentemente en el país. Francia también es conocida por su abundante gasto en política familiar, con cerca del 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a prestaciones como el permiso parental retribuido, el subsidio familiar y las guarderías subvencionadas. En función de sus ingresos, los hogares con tres hijos pueden recibir hasta 600 euros al mes en concepto de prestación familiar, además de ayudas económicas para el pago de guarderías. La suma, basada en los ingresos brutos anuales de los padres, puede ascender a 900 euros al mes, lo que ha facilitado que sea el país europeo con mayor tasa de fecundidad, con 1,83 nacimientos por mujer, acercándose a la tasa de reemplazo. En España, las ayudas en forma de pagos mensuales tienen el grave inconveniente de estar sujetas a unos límites de renta que rayan en el umbral de la pobreza; baste como ejemplo citar que para recibir un pago por nacimiento de tercer hijo de 1.000 euros, la renta familiar bruta no puede superar los 18.000 euros anuales. Los límites de renta, en sus diferentes escalas, deberían al menos triplicarse para adecuarlos a la realidad socioeconómica de nuestra nación. En cuanto a la ayuda de 100 euros mensuales por hijo hasta los 3 años, que se perciben en caso de familias con un nivel de renta equivalente al Ingreso Mínimo Vital, deberían adecuarse a ingresos que al menos tripliquen dicha cuantía de renta.

Finalmente, la deducción en IRPF para familias numerosas de categoría especial (a partir del quinto hijo) de 2.400 euros anuales debería ser, al menos, del triple, 7.200 euros anuales, para rentas bajas y del doble, 5.000 euros, sin limitación de renta familiar. En definitiva, al menos en la línea de Francia o de Irlanda y no de Alemania o Italia, sin apenas medidas efectivas y por tanto de resultados favorables en los últimos 20 años. En cuanto a las ayudas regionales, siguen siendo a día de hoy excesivamente bajas, con la excepción de la Comunidad de Madrid, y deberían integrar una combinación de pago único por nacimiento (incrementado en nacimientos ulteriores) ligado a la renta familiar, deducciones fiscales por hijo de al menos 2.000 euros anuales y un apoyo mucho más ambicioso en materia de alquiler de vivienda y de guarderías públicas (donde el peligro de adoctrinamiento ideológico por parte de las autoridades es menos desafiante).

Todas estas medidas, aun siendo relevantes para alcanzar el objetivo planteado, no lo son tanto como promover un cambio de mentalidad en la sociedad española que valore en su verdadera dimensión la vida, el matrimonio y la familia, de modo que los esfuerzos asociados a la creación y el sostenimiento de familias numerosas sean llevados a cabo cada vez por mayores porcentajes de la población, independientemente de su nivel económico, cultural o profesional, y se invierta de nuevo la pirámide poblacional como signo fehaciente de una sociedad sana y con horizonte vital, más allá de como simple modo de garantizar la sostenibilidad de las pensiones del futuro.

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