Artículo original de: ABC
Por Editorial ABC
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha hecho pública la estadística de su Observatorio de la Radicalización con un dato tan inquietante como revelador: durante 2023 constató 466 actos públicos de apoyo a ETA en el País Vasco y Navarra. Es cierto que Covite no tiene constancia de la celebración de homenajes a etarras excarcelados –los llamados ‘ongi etorri’-, lo cual es una buena noticia en la medida en que esos actos humillantes para las víctimas del terrorismo e ideados para exaltar a asesinos van desapareciendo. Hasta un pasado muy reciente tenían lugar con total impunidad. También es un dato positivo que los 589 actos públicos celebrados en 2022 se hayan rebajado a 466 en el año recién concluido. No obstante, 466 siguen siendo demasiados y suponen un baldón sobre la conciencia de los poderes públicos y un consentimiento despreciativo hacia las víctimas.

Más allá de las cifras, el informe del Observatorio deja otras conclusiones preocupantes. Tanto se ha blanqueado a los terroristas que empiezan a recibir permisos penitenciarios, y tanto se ha legitimado a Bildu como un partido normalizado y socio del Gobierno, que en realidad ha desaparecido de facto el delito de enaltecimiento del terrorismo. Hay manifestaciones de apoyo a los presos de ETA, pintadas y pancartas de ensalzamiento de su actividad terrorista, hay homenajes, y hasta gritos de ‘Jo-ta-ke’ (dales duro) a las puertas del Ayuntamiento de Pamplona hace menos de tres semanas. Sin embargo, nada de eso supone un enaltecimiento del terrorismo a los ojos de la justicia. Dado que ETA ya no mata, en el ideario colectivo se ha instalado como reputada la falsa idea de que todo lo que ocurre hoy es un residuo inevitable, una lacra contra la que las instituciones ya no pueden hacer nada. Y lo que es peor, ante la que no tienen responsabilidad. Algo así como si fuese un mal menor soportable mantener en el tiempo actos que representan toda una humillación para las familias de las personas heridas o asesinadas. A ello contribuye desde luego la reciente iniciativa de Sumar, partido perteneciente al Gobierno, para despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo, que el PSOE se ha abierto a debatir.

En el fondo subyace una legitimación pública de ETA, de todo el mal que representó y de sus tentáculos políticos. Cada uno de esos 466 actos no deja de ser un cruel recordatorio de que tras más de cuarenta años de lucha contra ETA sí ha habido vencedores y vencidos. Los vencedores están en las instituciones, gozan de permisividad para respaldar todo este tipo de actos favorables a terroristas, negocian y pactan con el Gobierno, y hasta se les permite atribuirse éxitos parlamentarios. Más aún, se concibe a Bildu como adalid del progreso o la convivencia y, como llegó a decir el delegado del Gobierno en Madrid, este partido «ha hecho más por este país que muchos patrioteros con pulsera». «El culto a ETA –ha dicho Consuelo Ordóñez- está lejos de desaparecer». Y tiene toda la razón porque su simbolismo y su inquina contra las instituciones del Estado, el Ejército o las fuerzas de seguridad, siguen presentes. De hecho, el ministro Marlaska, ante la imposibilidad que argüía de prohibir actos de este tipo, se comprometió con las víctimas a arbitrar un régimen sancionador específico que en realidad no consta que se haya puesto en marcha. Reivindicar la dolorosa herencia de ETA son demostraciones de que aún queda mucho por hacer para algo tan sencillo como que las víctimas sientan el apoyo del Estado y no una amplificación permanente de su dolor. Quienes desde la izquierda reclaman con tanto ahínco ‘memoria histórica’, ya tienen otro argumento más para dignificarla en lugar de manipularla.

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