Artículo original de: El Debate

Por: Luis Peral

«Una batalla ganada es una batalla en la que no quiere uno declararse vencido» (Mariscal Foch)
«Esa plaga de las plagas, el nacionalismo, que ha envenenado la flor de nuestra cultura europea» (Stefan Zweig, en el Prefacio de El mundo de ayer)
El resultado inesperado de las elecciones generales del pasado 23 de julio produjo en muchos electores una desazón que se vio reforzada cuando no prosperó la investidura del ganador de aquellas elecciones, Alberto Núñez Feijóo. Una coalición «Frankenstein» del PSOE con lo peor de cada casa –16 partidos o grupúsculos de extrema izquierda, nacionalistas excluyentes vascos y gallegos, separatistas catalanes y los herederos políticos de ETA– impidió que el centroderecha del PP pudiera gobernar.
Ahora, toda esa tropa está negociando con Pedro Sánchez su presencia en el Ejecutivo, sus exigencias anticonstitucionales o sus peajes presupuestarios. Si esta negociación prospera –como es de temer, dados los antecedentes del presidente del Gobierno y la volubilidad de su palabra– se pondrá en serio peligro la igualdad entre los españoles ante la Ley, el respeto a la Constitución y la unidad de España.
Bien es verdad que, aún dispuesto a ceder lo que se precise para seguir en el poder, Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. Cual malabarista circense al que le piden cada vez jugar con más bolas, va a ser muy difícil contentar a la vez a esas dos parejas de gemelos (ERC-Junts y PNV-Bildu) insaciables en sus exigencias y que se detestan entre sí. Tampoco va ser fácil, y se va a parecer al camarote de los Hermanos Marx, colocar en el Ejecutivo a los representantes que propongan los 16 partidos o grupúsculos de Sumar, por mucho que, como en la pasada legislatura, se creen Ministerios inverosímiles, cuyos titulares no conoce nadie.
Alegarán que el pueblo ha querido este «Frankenstein», lo que no es verdad, pues si bien Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se prodigaron carantoñas recíprocas, nadie habló de amnistiar a los delincuentes de ERC y de Junts o de negociar con ellos un referéndum de autodeterminación y mucho menos de pactar con los sucesores políticos de una ETA que asesinó a tantos socialistas de bien.
La coalición de perdedores ante el PP en las últimas elecciones puede superar todos estos obstáculos y hacer que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Se reiterará algo inédito en el mundo: un presidente del Gobierno que no puede salir a la calle, que no puede sentarse en una terraza (como lo hacemos millones de «tabernarios», como nos llamaba Tezanos), que no puede ir al Corte Inglés, que no puede viajar en un avión comercial… porque siempre está expuesto a que alguna de las muchísimas personas que se sienten agraviadas por él le manifieste lo que piensa de su gestión, con más o menos cortesía.
Enfrente va a tener un Senado con mayoría absoluta del PP y doce comunidades autónomas presididas por mi partido, con el apoyo de Vox (muy de agradecer) en varias de ellas. En España, las comunidades autónomas tienen enormes competencias precisamente en los ámbitos de la gestión pública que más afectan a la vida diaria de las personas: Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda, Transporte Público… Si esas doce comunidades autónomas (el 70 por ciento del total) coordinan su oposición, y espero que lo hagan, a las medidas más rechazables y sectarias del Gobierno de Sánchez, éste va tener muy complicada su gestión.
Es algo factible, como puedo acreditar por mi experiencia personal. Entre 2004 y 2007, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que yo dirigía plantó cara, con pleno respaldo de la presidenta Esperanza Aguirre, al sectarismo educativo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y les doblamos el brazo. Se hicieron evaluaciones en todos los centros de 6º de Primaria y 2º de ESO (que permitieron superar con transparencia muchos lugares comunes de la concepción «progre» de la educación), volvieron los sobresalientes y notables a partir de los 8 años (suprimiéndose el «progresa adecuadamente»), se aprobó una nueva normativa de convivencia en las aulas (denostada por la izquierda política, sindical y pedagógica) y se convocaron y adjudicaron concursos públicos para crear nuevos centros concertados sobre suelo dotacional. Al mismo tiempo, se crearon 165 nuevos centros docentes públicos, se aumentaron en un 51 por ciento las becas de comedor y se multiplicaron por cuatro las becas para libros de texto y las de escuelas infantiles de 0 a 3 años.
Se puede y se debe, desde el ámbito de cada persona, plantar cara a un social-nacionalismo que amenaza destruir la unidad de España, la igualdad entre los españoles y la convivencia democrática y tolerante que alcanzamos con la Transición y con la Constitución de la concordia.
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