En la tramitación de la ley de amnistía el Gobierno y sus socios han introducido una enmienda para incluir los delitos de terrorismo entre los delitos derivados del golpe de 2017 a eliminar. Esta enmienda coloca a la de por sí ilegal e injustificable ley de amnistía, en un plano de inmoralidad y la convierte en un enemigo directo de la paz social.
Uno de los mayores avances producidos con la caída del Antiguo Régimen en el siglo XIX, fue la progresiva eliminación de las discriminaciones entre los ciudadanos. Con la implantación del Estado Derecho se fueron eliminando las sangrantes situaciones en las que, ante un mismo hecho, se producían diferentes consecuencias.
Una mezcla de tristeza e indignación recorre España al comprobar que el sacrosanto principio de igualdad ante la ley se ha ignorado con el único argumento de mantener a una persona en el poder, Pedro Sánchez, y tocando un tema especialmente sangrante para los españoles, los delitos de terrorismo.
El Gobierno argumenta que dicha medida puede ser necesaria para lograr la reconciliación y la estabilidad. Así, el ministro Bolaños, proclama que la amnistía puede ser un medio para lograr la estabilidad y la paz.Regresamos con estas declaraciones al Reinado del Terror del S. XVIII. Todo vale para mantener un puñado de votos que no representan el sentir de una sociedad como la española que ha sufrido el zarpazo del terror y el dolor.
La amnistía, esto es la remisión total o parcial de penas a quienes hayan cometido delitos, va camino de ahondar aún más en su inmoralidad incluyendo los actos relacionados con el terrorismo. La gravedad de estos crímenes, que por desgracia en España conocemos muy bien, genera problemas éticos y jurídicos a cualquier persona y qué decir a los políticos que lo impulsan, los ciudadanos que lo apoyan y los generadores de opinión que lo justifican. Esta medida envía un mensaje peligroso al legitimar o minimizar la gravedad de los crímenes, erosionando la confianza en las instituciones judiciales -al generar percepción de impunidad – y en la capacidad de una nación democrática de proteger y defender a sus ciudadanos frente a la violencia. En definitiva, se debilita la capacidad del sistema legal afectando de manera directa a la confianza ciudadana en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y la justicia.
Desde NEOS afirmamos que establecer un precedente de impunidad a la carta de lo que le convenga al gobierno de turno es el camino opuesto para construir una sociedad donde reine una sana convivencia por varias razones:
- Por la ausencia de responsabilidad de aquéllos que perpetran estos actos por pertenecer al entorno social de los partidos que sostienen a un gobierno.
- Envía el mensaje de que todo vale mientras se esté en el lado del que manda
- Genera un sentimiento de desconfianza en las instituciones gubernamentales y judiciales, erosionando gravemente la credibilidad del sistema.
- Hacia las víctimas y sus familias, la impunidad se traduce en una percepción de abandono y falta de reconocimiento, afectando su dignidad.
La impunidad de actos terroristas socava los pilares fundamentales que sustentan el respeto y la dignidad en una sociedad al desafiar la noción de justicia y equidad.
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